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Con el objetivo de reactivar un total de 1,770 proyectos de infraestructura paralizados en el país, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la República el proyecto de ley que regula la reactivación de obras públicas paralizadas en el ámbito nacional y otras medidas.

La referida iniciativa legislativa (proyecto de ley N° 1762/2021) tiene como objetivo establecer medidas para reanudar la ejecución de estas obras a cargo de las entidades del Gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales.

Dinamismo económico

La propuesta establece que esas obras deben estar sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con lo cual se busca dinamizar la actividad económica y garantizar la efectiva prestación de servicios públicos en beneficio de la población.

Según el proyecto de ley, se considera obra pública paralizada a la que fue contratada bajo la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y que cuente con un avance físico igual o mayor al 40%.

Además, la obra pública paralizada debe cumplir con los siguientes supuestos: el contrato debe encontrarse vigente, pero sin reportar ejecución física por seis meses o más o puede ser un contrato resuelto o declarado nulo.

El proyecto de ley establece que el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones debe elaborar un inventario de obras públicas paralizadas, el cual puede actualizarse permanentemente.

Déficit fiscal

Del mismo modo, el Ejecutivo presentó otro proyecto de Ley que plantea nuevas metas de déficit fiscal del 2023 al 2025 y de deuda del sector público no financiero a partir del 2023.

La iniciativa legal 01763/2021-PE propone un retorno gradual a las reglas macrofiscales para el sector público no financiero y así preservar la sostenibilidad fiscal, en consistencia con una reducción gradual del déficit fiscal y el estado actual de las finanzas públicas.

En proceso

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley, actualmente habría 1,770 obras públicas paralizadas, de las cuales 1,339 corresponden a las municipalidades, 200 al Gobierno nacional y 211 a los gobiernos regionales.

“Las obras paralizadas no solamente generan incomodidad al ciudadano porque no puede contar con los servicios que han sido proyectados, por el incumplimiento de la ejecución de esas obras públicas, sino además generan obviamente menor tasa de empleo y menor crecimiento económico”, sostuvo el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham.

Comentó que esta iniciativa busca destrabar la ejecución de estos proyectos y así impulsar la recuperación económica del país.

Precisiones

A partir del 2023, la deuda bruta del sector público no financiero no excederá el 38% del PBI y debe ser menor o igual al 30% del PBI en no más de 10 años.

El déficit anual de este sector para el 2023, 2024, 2025 y 2026 no debe ser mayor a 2.4%, 2%, 1.5% y 1% del PBI, respectivamente.

Fuente: El Peruano.